Abogados corporativos y litigantes en Venezuela // Manuel Alfredo Rodriguez

De forma independiente al área en que se desempeñen los profesionales del Derecho en los tiempos que corren, exponemos de seguidas algunos principios que éstos deben respetar. Diferentes denominaciones se han precisado en relación al tema, a saber: decálogo del abogado en Venezuela, mandamientos del abogado, ética en la práctica del Derecho; todas revelan un denominador común: son valores fundamentales.

La ciencia del Derecho exige continuidad en el estudio diario. Ello debe acompañarse con la docencia, el ejercicio corporativo y el litigio en los tribunales de la República. La tarea supone el dominio del arte de la expresión oral, escrita y corporal. Existe la obligación de conocer la jurisprudencia, la ley y la doctrina. Y es que el abogado en Venezuela agrupa ciencia y arte, aunque se afirme que representa "más arte" que ciencia o conocimientos. Sin embargo, el peligro está cuando el componente ciencia se ausenta en quienes, no muchos, administran e imparten justicia al desempeñar altos cargos en la función pública. Otros sostienen, en atención a lo anotado, que el abogado exitoso y más buscado es aquel que resuelve los conflictos de forma rápida y menos dispendiosa sin "pisar los tribunales".

En Venezuela, la mayoría de los juicios que se llevan en los juzgados recogen pleitos cuyos objetos recaen en: peleas entre accionistas o socios; la disolución de sociedades mercantiles y la liquidación de sus activos; conflictos en juntas de condominios; cobro de bolívares o cobranzas por facturas y cuentas morosas; desalojos de inquilinos que adeudan cánones o alquileres; despidos de trabajadores amparados por inamovilidad laboral; la venta del apartamento bajo contrato de opción de compra incumplido; la demanda por rendición de cuentas del socio minoritario en contra de los demás accionistas o administradores; las demandas por accidentes laborales; contratos de franquicias y las ejecuciones de hipotecas. Ante las situaciones reseñadas, el abogado en Venezuela está obligado a acatar las reglas deontológicas de su profesión y considerará el interés ajeno de su representado como interés personal para aumentar el grado de diligencia en su proceder.

En dictamen emitido en una auditoría solicitada en condición de segunda opinión legal, hicimos valer la importancia de ejercer el derecho innovador con función preventiva. Significa efectuar las diligencias relativas a la protección de los bienes personales o de la sociedad: es el cúbrase o protéjase patrimonialmente. Con esto, es posible impedir que los acreedores embarguen los bienes propiedad del deudor. No obstante es de advertir que el deudor debe pagar u honrar sus obligaciones tal y como fueron contraídas.

Abogado y Profesor UCV, UCAB y USM

Legitimación de capitales, paraísos fiscales y dólares ilícitos // Manuel Alfredo Rodriguez

La legitimación de capitales en Venezuela está penada con cárcel. Así lo establece la Ley Contra la Delincuencia Organizada. El delito se configura cuando la persona intenta esconder o disfrazar el origen de los fondos generados en una actividad ilícita, para hacer valer ante el tráfico comercial que su procedencia es una fuente lícita. En algunos países esta conducta es tipificada bajo la denominación de Lavado de dinero o blanqueo de capitales.

El artículo 4 de la mencionada Ley estatuye: Quien por sí o por interpuesta persona sea propietario o poseedor de capitales, bienes, haberes o beneficios cuyo origen derive, de forma directa o indirecta, de actividades ilícitas o de delitos graves, será castigado con prisión de ocho a doce años y multa equivalente al valor del incremento patrimonial ilícitamente obtenido. Es el delito de Legitimación de capitales o lavado de dinero con pena de prisión.

En Venezuela se constata a través de los medios de comunicación que la cifra de lavado de dinero ha aumentado en forma progresiva en los últimos tres años en comparación a los años anteriores. La Unidad de Inteligencia Financiera venezolana, adscrita a la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras (SUDEBAN), ha registrado así nuevos casos. Lavado de dinero, legitimación de capitales o blanqueo de dinero, son distintas formas de denominar este tipo penal que consiste tanto en la conversión o transferencia de bienes de procedencia criminal con el fin de disimular el origen ilícito de bienes como en ayudar a los implicados en esta actividad a evitar las consecuencias jurídicas de sus actos.

El lavado de activos se constituye, por ejemplo, en la apertura de cuentas bancarias en los llamados paraísos fiscales. Estas cuentas son engordadas por recursos dinerarios generados en los sectores comerciales que hacen uso intensivo del dinero en efectivo: restaurantes, casas de juegos, bingos, casinos, entre otros. Conforme a la práctica profesional, en nuestro carácter de abogados en Venezuela, hemos observado que las actividades que presentan alto riesgo en esta materia son: la promoción inmobiliaria, la compra y venta de bienes, el sector de la construcción de viviendas, la compraventa de oro, compra venta de naves, aeronaves y vehículos, compra y venta de objetos de arte, fundaciones y asociaciones. Por último, en una auditoría legal evacuada en condición de segunda opinión, el dictamen concluyó que el blindaje del patrimonio personal con función preventiva es una de las maneras de preservar o proteger los bienes y activos de la persona natural o jurídica. Los bienes que pueden ser objeto del cúbrase o blindaje patrimonial son: los inmuebles y los muebles habidos en ellos, las cuentas bancarias, joyas, obras de arte y los vehículos.

Abogado y Profesor UCV, UCAB y USM

Defensas del inquilino ante el desalojo del inmueble // Manuel Alfredo Rodriguez

Vigente un contrato de arrendamiento, nos preguntan: si el propietario arrendador vende el inmueble, ¿podrá el adquirente comprador desalojar al inquilino? La respuesta está en la ley, el nuevo propietario pasa a ocupar el lugar del vendedor, por lo que deberá respetar el contrato de arrendamiento preexistente, el inquilino permanecerá en el inmueble. Lo anterior no impide que el comprador o nuevo arrendador intente el desalojo judicial en fecha posterior, igual podía hacerlo el anterior propietario.

No es lícito que los arrendadores tomen la justicia en sus manos, hagan amenazas, cierren puertas o corten los servicios públicos (electricidad, agua, gas u otros) por los incumplimientos de las obligaciones del arrendatario derivadas del contrato de arrendamiento. Muchas son las acciones de amparo declaradas con lugar por impedirse al inquilino la entrada en el inmueble, o por colocar cadenas y candados en la fachada del bien arrendado.

A la hora de pactar la renovación del contrato de arrendamiento, no es conveniente para los intereses del ocupante del inmueble que el propietario le exija firmar otro tipo de relación contractual como lo es: el comodato. Es de saber que el contrato de comodato desmejora o perjudica los derechos del poseedor del apartamento o casa quinta en cuestión. En efecto, el legislador regula las disposiciones del contrato de comodato en provecho o beneficio del propietario; mientras que el contrato de arrendamiento protege los derechos del inquilino.

El arrendatario siempre está en situación de ventaja ante el propietario del inmueble. Sin embargo, si el inquilino no ejerce sus derechos en tiempo oportuno, devendrá el desalojo. Lo recomendable es recibir la asesoría legal en atención a que el arrendatario logre la permanencia en el inmueble que ocupa desde hace varios años. Para esto se requiere que conozca con antelación los derechos que existen a su favor. Las acciones destinadas a preservar o mantener la posesión del inquilino en el inmueble son, entre otras: el depósito del canon de arrendamiento ante el tribunal que corresponda, la mediación directa establecida con el propietario arrendador, todas conforme a la ley venezolana. El arrendador y el inquilino representan intereses opuestos, por ello deben regirse y respetar el contrato que suscribieron. Los abogados en Venezuela especialistas en materia de inquilinato acuden con frecuencia a las cláusulas del arbitraje para dirimir los conflictos de las partes fuera de los tribunales. No obstante, los inquilinos bien informados conocen que aunque exista el arbitraje, son múltiples los juicios de desalojos que se ventilan en los juzgados. Lo anotado ocurre en razón a que la cláusula contentiva del arbitraje por lo general, adolece de vicios o es mal redactada.

Abogado y Profesor UCV, UCAB y USM

Remodelación y construcción de obras de ingeniería por Administración Delegada // Manuel Alfredo Rodriguez

La contratación de obras o remodelaciones mediante el régimen legal de la Administración Delegada se ha impuesto en Venezuela dada la crisis económica actual. Se trata del innovador sistema que aplica para la construcción, remodelación y adecuación de obras de ingeniería, regido por el contrato de administración delegada. El sistema comprende la prestación de servicios profesionales en la ejecución total o parcial de obras accesorias provisionales o definitivas. La programación de la obra y el plan de inversión, junto con el presupuesto total de las obras, se presenta en un esquema de ejecución de obras. Esta tiene el objetivo de vigilar y coordinar el desarrollo de las diversas actividades a cumplir por el consultor delegado, en provecho del dueño del inmueble solicitante de los servicios delegados.

Se busca que el delegante goce de la asesoría en el rediseño interior y la restauración de inmuebles, por lo que el administrador delegado ejercerá la vigilancia técnica y administrativa (léase, los recursos económicos adelantados por el propietario) de los trabajos a efectuar con el objeto de lograr la realización de los planos y dirigir tareas como: designar y mantener en la obra el personal idóneo, comprar materiales para la construcción en las mejores condiciones, velar por la calidad y precios, lo que se traduce en rebajas y descuentos en provecho siempre del propietario de la obra. Son obligaciones del administrador delegado: explicar los planos al personal técnico, subcontratar empresas, pagar a los empleados de los fondos que el dueño suministre, llevar la contabilidad de la obra con los comprobantes o recibos, verificar que los contratistas posean seguros de vida y de accidentes, supervisar que los contratistas tramiten los permisos o solvencias ante las autoridades, mantener el sitio libre de escombros, u otras. Lo anterior es tomado del caso H&R&T OSERS Ingenieros en Venezuela.

El consultor o administrador delegado prestará servicios profesionales para la ejecución de obras: construcción, remodelación, adquisición de mobiliario y dotaciones requeridas en la sede del contratante y pondrá la mayor diligencia y pericia posible demostrable según los años de experiencia. El consultor delegado ejercerá la supervisión de las obras por medio de un profesional quien aprueba o rechaza las valuaciones de obra que presenten las contratistas, inspecciona los materiales de construcción, y vela por el cumplimiento de los planos.

Los honorarios profesionales del consultor se fijan en un porcentaje que se acuerda en base al costo total de la obra, su duración, grado de dificultad y a las sumas facturadas por las empresas contratadas. No hay relación laboral entre el dueño de la obra y el delegado, ni entre este y los contratistas, la misma dura un año renovable a convenio de partes.

Abogado y profesor UCV, UCAB y USM

Cobertura de la póliza del seguro en Venezuela // Manuel Alfredo Rodriguez

El contrato de seguro en Venezuela, así como el manejo de las pólizas, coberturas, siniestros, pagos de indemnización por daños y perjuicios sufridos por el asegurado: exige ser revisado por un abogado especialista o experto en la materia. La persona asegurada debe saber que el Tribunal Supremo de Justicia en reiteradas sentencias ha señalado que existe una manera detallada de cómo hay que rechazar los pagos de la indemnización de los siniestros por parte de las empresas aseguradoras. En igual sentido, la renovación de la póliza de seguros no constituye un nuevo contrato, no implica la emisión de una nueva póliza, por lo que la aseguradora no puede cobrar al asegurado cargo alguno por concepto de gastos de emisión u otros. Esto último también en criterio sostenido de nuestros tribunales de justicia.

La demanda por cobro de bolívares contra la compañía de seguros es la vía correcta en Venezuela para obtener el pago o resarcimiento por los perjuicios sufridos por el asegurado. La demanda judicial contra la aseguradora debe ser incoada en fecha oportuna para evitar la caducidad o pérdida de los derechos. Muchas veces ocurre que el asegurado deja de percibir la indemnización monetaria que le corresponde conforme a la ley debido a la tardanza o negligencia incurrida en hacer valer su reclamo. Se trata de una acción ante los tribunales cuya prueba fundamental no sólo es la póliza o el contrato de seguro suscrito entre las partes, sino también aquellas pruebas que logre obtener la víctima en atención a los hechos concretos. Es relevante precisar algunas circunstancias hechas valer en segunda opinión legal emitidas en auditoría por quien suscribe: la indemnización de daños peticionada en demanda ante el juez, sobre accidentes laborales, en buques, naves y aeronaves, colisiones de vehículos de trasporte terrestre, fluviales, incendios o explosiones en casas y apartamentos.

Otro aspecto que genera conflictos entre el asegurado y la aseguradora es cuando esta se niega a indemnizar o pagar los daños del siniestro. La empresa de seguros alegará en su defensa que no está obligada a reconocer la indemnización por cuanto hubo culpa de la víctima o asegurado (Heurística del Derecho de Obligaciones). Nos preguntan: ¿qué puede hacer el beneficiario de la póliza en ese caso? La respuesta la encontramos en el juicio por incumplimiento de contrato de seguro seguido en contra de la aseguradora intentado por el beneficiario de la póliza (demandante).

A diario se nos plantean diversas situaciones jurídicas vinculadas al tema: aseguradoras, contratos de pólizas, riesgo, siniestros, pagos de coberturas y accidentes. Lo importante a destacar es la correcta selección de la empresa de seguro y la cobertura.

Abogado y Profesor UCV, UCAB y USM